Toda persona tiene derecho a la educación y este derecho está garantizado en el derecho internacional y regional de derechos humanos. Sin embargo, para que el derecho a la educación pueda realizarse plenamente, debe aplicarse efectivamente a nivel nacional a través de la adopción de disposiciones constitucionales, leyes y políticas. Pero, no es suficiente con tener un derecho legal, también deben existir mecanismos para su ejecución. Esto incluye la posibilidad de recursos legales, que exigen que el derecho a la educación sea justiciable.

La justiciabilidad se refiere a la posibilidad de que un problema sea dirimido en foros judiciales o cuasi judiciales (como los órganos de tratados de la ONU y el Comité Europeo de Derechos Sociales). Un derecho a la educación justiciable significa que cuando este derecho es violado, el titular del derecho puede denunciar la violación ante un órgano independiente e imparcial, y si la reclamación se confirma, se le concede al titular del derecho una reparación, que luego se podrá hacer cumplir (Comisión Internacional de Juristas 2008:1).