Desde 2015, diferentes partes interesadas de la educación han estado trabajando juntas para elaborar los principios rectores en materia de derechos humanos de las obligaciones de los Estados respecto a las escuelas privadas (también conocidos como “los Principios Rectores” o “los PR”). Estos principios recogen el derecho consuetudinario y convencional de derechos humanos en lo que se refiere a la provisión de educación, incluida la prestación de servicios educativos por actores privados. El título de los Principios Rectores todavía está siendo estudiado. La idea es que estos principios funcionen en diferentes contextos y se adapten a ellos, y que constituyan una base para la promoción o incidencia, la formulación de políticas y los procesos judiciales.