En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red de organizaciones de la sociedad civil fuertemente comprometida con la plena realización del derecho humano a la educación pública, gratuita, sin discriminación de ningún tipo, con justicia social y ambiental para todas las personas. En ese sentido, hemos venido trabajando, desde hace más de una década, la temática relativa al financiamiento adecuado, con recursos públicos, por el fortalecimiento de la educación pública, cuestionando las tendencias a la privatización y mercantilización en educación.
La investigación tiene como punto de partida la visión de los niños y las niñas como sujetos de derecho y la concreción de los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, así como la promoción de un enfoque coordinado, integral y multisectorial de la primera infancia. Ratificando que la educación es un derecho humano fundamental desde el nacimiento, el estudio analiza los sentidos que se le otorgan a la atención y educación en la primera infancia (AEPI) en los marcos políticos y legislativos de América Latina y el Caribe.
Este documento ofrece una visión concisa y útil del derecho a la educación, en particular en el contexto del actual debate constitucional en Chile.
El informe "Educación privada de bajo coste en el Perú: un enfoque desde la calidad" ha sido realizado conjuntamente por un equipo de investigación de la Universitat
Autònoma de Barcelona y del Grupo de Análisis para el Desarrollo de Lima y ofrece un panorama actual de la distribución de la oferta privada en el Perú, con especial atención a Lima Metropolitana y, en particular, al distrito de San Juan de Lurigancho.
A lo largo de las últimas décadas, las políticas pro privatización han cobrado un lugar central en muchos procesos de reforma educativa a escala global (Burch, 2009). El avance de estas políticas se explica parcialmente por el impacto de una serie de factores comunes de carácter externo –incluyendo presiones derivadas de la globalización económica o el rol de organizaciones internacionales con una preferencia por las soluciones de mercado. Sin embargo, en su implementación, estas políticas no responden a un modelo homogéneo en cuanto a sus fines, sentidos, diseños y temporalidades.
En esta acción de tutela por parte de un estudiante transgénero contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Regional Atlántico, la Corte Constitucional defendió el derecho a la educación y ordenando que el estudiante pudiera usar uniforme masculino, fuera tratado correspondiendo a su identidad como hombre transgénero, y que se implemente un plan que provea el respeto y la promoción del libre desarrollo de la personalidad, particularmente las expresiones de la identidad de género y la orientación sexual.
En esta decisión, la sala octava de revisión de la corte constitucional de Colombia encontró que el Estado vulnero los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de cuatro niños que vivían por fuera del casco urbano al no proveerles transporte a la institución de educación secundaria más cercana.
En esta decisión, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encontró que el derecho a la educación de un niño con discapacidad había sido vulnerado cuando la institución educativa no le otorgó un certificado oficial de finalización de sus estudios secundarios aun cuando el estudiante había cumplido con todos los requisitos de su proyecto pedagógico individual (PPI) porque no había cumplido con los contenidos mínimos bajo la normativa local.
Una película sobre el sistema educativo en Haití desde la perspectiva de los ciudadanos.