Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4, 17/3 y 26/17 del Consejo de Derechos Humanos. En él, el Relator Especial sobre el derecho a la educación examina la responsabilidad del Estado frente al crecimiento explosivo de los proveedores de enseñanza privados, desde la perspectiva del derecho a la educación. El relator Especial hace hincapié en la necesidad de mantener la educación como un bien público que no debe verse reducido a empresa comercial con fines de lucro y subraya la importancia de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades, así como la justicia social y la equidad. Los Estados deben desarrollar un marco regulatorio para todo los proveedores de enseñanza privada, que prevea sanciones para las prácticas abusivas. El Relator Especial pone de relieve otras cuestiones fundamentales y concluye su informe con recomendaciones.