El derecho a la educación reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos tiene que ser aplicado a nivel nacional. Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación. Están legalmente obligados a cumplir los tratados que han ratificado y están moral y políticamente obligados a aplicar las recomendaciones y declaraciones. En cualquier caso, es fundamental que los compromisos políticos y legales adquiridos a nivel internacional se reflejen en las constituciones y la legislación, y se traduzcan en políticas y programas, a fin de que las personas puedan gozar significativamente del derecho a la educación y ser capaces de exigir al Estado que se haga responsable de las violaciones o del incumplimiento de sus obligaciones.
Un paso esencial en el uso de un enfoque basado en los derechos humanos consiste en supervisar la aplicación del derecho a la educación para asegurar que el Estado está bien encaminado y se ajusta a los estándares que han acordado. Al identificar las obligaciones y las violaciones del Estado del derecho a la educación, se pueden hacer recomendaciones de políticas específicas y concretas, las cuales tienen más probabilidades de producir un resultado positivo.
Hay una serie de métodos para el seguimiento del derecho a la educación. Estos métodos pueden depender del interesado que lleva a cabo el seguimiento y la finalidad de la tarea de supervisión.
En resumen, el seguimiento puede ayudar a proporcionar una evaluación de:
·El marco legal que garantiza el derecho a la educación
·Las lagunas existentes en el logro de la realización progresiva del derecho a la educación, con posibles retrocesos y adhesión a estándares mínimos
·Los desafíos y obstáculos que impiden la realización progresiva
·Las violaciones del derecho a la educación, así como las medidas correctivas para hacer frente a estas violaciones.